El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, a través del Decreto 461/2025. La medida forma parte de una reestructuración profunda del esquema de gestión vial en Argentina, con la que se apunta a reducir costos y delegar funciones operativas al sector privado.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo calificó a Vialidad como una estructura obsoleta, de alto costo y con antecedentes de corrupción.

Con la disolución de estos organismos, las funciones relacionadas con la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales serán absorbidas por el Ministerio de Economía, que podrá delegarlas en otros entes o a empresas privadas mediante concesiones. La fiscalización de esas concesiones pasará a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, en reemplazo de la CNRT, y la prevención y control del tránsito quedará a cargo exclusivo de la Gendarmería Nacional. Además, el 1 % de los seguros automotores, que antes financiaba a la ANSV, será recaudado por el Ministerio de Economía y reasignado según su criterio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó la decisión al recordar las condenas por corrupción en la denominada “causa Vialidad” y señaló que el objetivo es eficientizar el uso de los recursos públicos. En ese sentido, anunció que se licitarán más de 9.000 kilómetros de rutas que se encuentran en mal estado, como parte de un plan de recuperación de la red vial. Desde el oficialismo también se argumentó que las facultades delegadas para sostener estas estructuras estaban vencidas.

Fuente: La Nación