El Gobierno nacional oficializó una reforma clave a la Ley de Migraciones (N° 25.871) a través del Decreto 366/2025. La medida establece nuevos criterios para el acceso de personas extranjeras a servicios públicos, endurece las condiciones para obtener la ciudadanía y agiliza los procesos de expulsión para quienes incumplan con la normativa migratoria. Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Uno de los cambios centrales está en el acceso a la salud y la educación. Los extranjeros con residencia permanente podrán usar el sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, pero quienes tengan residencia temporaria o transitoria deberán contar con seguro médico o pagar por los servicios, salvo en emergencias.

En cuanto a la educación, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se garantiza el acceso gratuito a los niveles inicial, primario y secundario.

También se endurecen los requisitos para acceder a la ciudadanía por naturalización. Se exigirá al menos dos años de residencia legal y continua o haber realizado una inversión importante en el país, junto con antecedentes penales y medios económicos para mantenerse. Además, se redefinió la figura de “residencia precaria”, limitando sus alcances y excluyéndola como prueba válida de arraigo o para iniciar el proceso de nacionalización.

Finalmente, se agilizan los procedimientos de deportación para quienes cometan delitos o violen condiciones migratorias. La Dirección Nacional de Migraciones podrá emitir resoluciones definitivas, que solo podrán ser apeladas en un plazo de 15 días hábiles por vía judicial. Esta reforma apunta a fortalecer los controles migratorios y reorganizar el acceso de personas extranjeras a derechos y servicios en el país.