Este viernes el Senado de la Nación tratará en el recinto el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca introducir cambios profundos en el régimen tributario argentino junto con el Presupuesto 2026. Fuente: N/A.

La norma, que ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión, propone modificaciones a varias normas clave del sistema tributario, como el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial. Además, introduce un régimen simplificado de Ganancias que, según el Gobierno, podría “blindar” a quienes adhieran al sistema especial de declaración.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una conducta constituye un delito de evasión fiscal. Bajo la legislación vigente, la evasión era considerada delito a partir de montos bajos (por ejemplo, $1,5 millón en el caso de evasión simple). El nuevo texto eleva ese piso hasta $100 millones, lo que equivaldría a unos US$ 68.000 según el tipo de cambio oficial, y eleva a $1000 millones el umbral para la evasión agravada.

Esto significa que montos menores a esos nuevos límites no serían perseguidos penalmente, en un intento de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y fomentar que quienes mantenían recursos fuera del sistema formal —a veces llamados “dólares del colchón”— puedan regularizar su situación sin riesgo penal.

El proyecto también incluye cambios en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que permitiría pagar el impuesto a las Ganancias en función de la facturación en lugar de considerar variaciones patrimoniales. Además, se prevé que si el contribuyente paga sus deudas tributarias junto con los intereses antes de que se formalice una denuncia penal, la acción penal se extinga.

En paralelo, el texto oficial contempla una reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. Asimismo, se introducirían cambios en el sistema de sanciones, con multas que pueden aumentar significativamente por la presentación tardía de declaraciones juradas (por ejemplo, pasar de sanciones simbólicas a montos mucho más elevados) aunque las autoridades adelantaron que se buscarán mecanismos para suavizar su aplicación.