El clima de tensión entre el Gobierno nacional y la prensa alcanzó un punto crítico tras la decisión del Ejecutivo de restringir el acceso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, dejándola vacía por primera vez en décadas. Paula Moreno, Secretaria del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), expresó su firme rechazo en diálogo con Portal Misiones, calificando la medida como un «hecho inédito» en la historia institucional reciente.

Según Moreno, esta acción no solo entorpece la labor profesional, sino que atenta contra el derecho a la información de la sociedad: «Nuestro trabajo es dar un servicio público; ayer se trataron temas de extrema importancia para el país y solo contamos con el informe oficial».

La restricción surge como respuesta oficial a un informe del canal TN, donde el periodista acreditado Ignacio Salerno utilizó lentes con cámara integrada para registrar pasillos de la sede gubernamental. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, justificó la medida alegando razones de «seguridad nacional» y calificó el hecho como un acto de espionaje ilegal. Al respecto, Moreno señaló que, si bien el Gobierno afirma que la situación se normalizaría en las próximas horas, las sospechas de espionaje son «inexplicables» y criticó que se utilice un error o una diferencia de criterio para clausurar el acceso a todos los medios acreditados.

Desde FOPEA advirtieron que la respuesta gubernamental incluye un componente de hostigamiento personal, calificando de «paupérrimo» que el propio Presidente publique fotos de periodistas en sus redes sociales para señalarlos. «Es increíble este nivel de exposición; en un contexto institucional, si se considera que hubo un delito, se debe dejar que hable la justicia, pero no impedir el ejercicio periodístico», afirmó la Secretaria del Foro. Ante la gravedad de los hechos, la entidad presentó una denuncia formal considerando que la prohibición constituye una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Por el momento, la Casa Militar ha denunciado penalmente tanto al cronista como a la conductora Luciana Geuna, mientras que los trabajadores de prensa históricos de la sede de Gobierno aseguran no recordar un antecedente de tal magnitud. Para FOPEA, la gravedad reside en la confusión estatal entre «normas de seguridad» y el cercenamiento del control ciudadano que ejerce el periodismo. La situación mantiene en alerta a las organizaciones nacionales e internacionales de prensa, que exigen la reapertura inmediata de la sala y el cese de las represalias contra los profesionales acreditados.