El escándalo estalló tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cercano a Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo afirma que “las altas esferas del Gobierno” recibían coimas de laboratorios para asegurar contratos estatales.

A raíz de la filtración, la vocería oficial anunció la intervención de la ANDIS, sin embargo no negó la autenticidad de los audios. La salida de Spagnuolo y del funcionario señalado como operador, Daniel Garbellini, ratifica las acusaciones más que descartarlas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó despegarse del escándalo con un sincericidio político: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, comentó, y derivó todo al ámbito de la Justicia.

Paralelamente, se presentó una denuncia penal por posible cohecho ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. También se impulsa desde Diputados la creación de una comisión investigadora por este caso.

La filtración, que aparece en momentos de tensión política (con el rechazo al veto a la Emergencia en Discapacidad) ahonda la crisis en el Gobierno. Las repercusiones judiciales y legislativas apenas comienzan.