El Gobierno nacional avanzó con una reforma normativa que elimina y flexibiliza varias disposiciones históricas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) relacionadas con el control de calidad de la materia prima, en un paso más dentro de la política de desregulación económica que impulsa el presidente Javier Milei. La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa deroga y modifica artículos clave del reglamento que regulaba la recepción, almacenamiento, transporte y secado de hoja verde de yerba mate, así como aspectos vinculados a los parámetros de higiene, sanidad y calidad del producto. Según el texto oficial, la actualización responde a los Decretos nacionales 90/2025 y 812/2025, que impulsan la simplificación de trámites y la eliminación de regulaciones que, a criterio del Ejecutivo, representan barreras burocráticas o distorsiones en el mercado.

Para el Gobierno, la eliminación de estas normas es parte de una estrategia más amplia para “liberar” a la actividad yerbatera de regulaciones consideradas innecesarias, facilitando así la competitividad del sector y reduciendo costos de producción. En líneas oficiales también se destaca que la reforma no significa un abandono del control sobre la calidad, sino una adecuación normativa para evitar duplicaciones o exigencias que ya están contempladas en el Código Alimentario Argentino.

Sin embargo, la medida generó preocupación entre pequeños productores y sectores de la cadena productiva, especialmente en Misiones, donde la yerba mate representa uno de los pilares de la economía regional. Productores advierten que la eliminación de normas de control tradicionalmente exigidas podría aumentar la incertidumbre en el mercado, favorecer la concentración en manos de las grandes industrias y debilitar la protección de los colonos frente a prácticas comerciales desequilibradas.

Desde hace meses, el debate en torno al rol del INYM y la desregulación del mercado yerbatero ha estado presente en la agenda local y nacional. En 2025, por ejemplo, el organismo derogó la obligatoriedad del “certificado de análisis de laboratorio” que nunca llegó a implementarse, dentro del marco de la misma política de simplificación normativa promovida por el Gobierno.