El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de Ley Nº 27.795, que había sido aprobado por el Congreso el pasado 21 de agosto y proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue oficializada mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Entre los argumentos del Ejecutivo se señala que la ley sancionada abordaba los recursos públicos de forma genérica, sin detallar fuentes de financiamiento ni partidas específicas que se reducirían para compensar los aumentos necesarios. Se lo ve como un riesgo fiscal: sostener esos gastos sin indicar cómo se financiarían podría generar desequilibrios presupuestarios.

El Gobierno resaltó que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales crecieron un 128,49 %, mientras que la inflación acumulada en ese período ascendió al 220,45 %, lo que implicaría que para igualar los salarios al IPC habría que otorgar un incremento adicional del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025.

En reacción al veto, los gremios universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas para el próximo viernes, que abarcará todas las universidades del país. También adelantaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria cuando el Congreso trate el rechazo al veto.

Legisladores de la oposición avanzan con la idea de insistir con el proyecto original. Para que el Congreso pueda anular el veto presidencial se requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.