La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes 10 de junio de 2025 la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en el marco de la causa «Vialidad», vinculada a 51 obras públicas en Santa Cruz asignadas a Lázaro Báez durante sus mandatos entre 2007–2015.

El fallo, adoptado por unanimidad (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti), rechaza los recursos presentados por la defensa y reafirma que hubo un desvío de fondos del Estado a favor de intereses privados. También se mantiene la absolución en la causa de asociación ilícita, por considerarse que no hubo una organización criminal estructurada.

De inmediato, quienes dictaron la sentencia ordenaron la detención de la exmandataria, aunque su edad (72 años) habilita la posibilidad de que cumpla arresto domiciliario. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que ella debe presentarse en un plazo de cinco días hábiles tras ser notificada, y pidió al Ministerio de Seguridad que ofrezca un lugar donde cumplir la pena. La Sala IV de la Cámara de Casación ya había ratificado la condena en noviembre de 2024, por lo que el fallo supremo agota las vías ordinarias de apelación.

La condena tiene fuertes repercusiones políticas. Cristina Kirchner, quien aspiraba a ser candidata a diputada en las elecciones de septiembre, queda automáticamente excluida de los comicios por su inhabilitación perpetua. La decisión ha generado un fuerte impacto: se registraron protestas sindicales en Buenos Aires y el kirchnerismo denunció una proscripción política y un uso del Poder Judicial con fines electorales, hablando de «lawfare».

En tanto, el presidente Javier Milei celebró el fallo como un triunfo institucional y una señal contra la impunidad, publicando “Justicia. Fin” en su red social X.