El Gobierno nacional presentó oficialmente el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una reforma ambiciosa que propone modificar de raíz el sistema educativo argentino y que busca ser debatida en el Congreso a partir de marzo de 2026 dentro del marco del Consejo de Mayo.

La iniciativa impulsa un nuevo paradigma centrado en la autonomía pedagógica de las instituciones y en el rol preferente de las familias para elegir el proyecto educativo de sus hijos, lo que permitiría a cada escuela diseñar sus propios planes de estudio y contenidos. Adicionalmente, el proyecto introduce criterios de evaluación estandarizada y un examen final de la educación secundaria, denominado Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), con materias como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales.

Un punto central de la reforma es la ampliación de modalidades educativas alternativas, que habilita la educación en el hogar (homeschooling) y sistemas virtuales o híbridos bajo la supervisión estatal y con acreditación basada en estándares comunes. Esto se suma a propuestas como vouchers educativos que permitirían a las familias usar recursos públicos para elegir instituciones, públicas o privadas, para sus hijos.

El proyecto también plantea cambios en el ámbito universitario, como la exigencia de un régimen mínimo de aprobación de materias por año para mantener la regularidad académica, y la posibilidad de exámenes de ingreso directo para iniciar estudios superiores con mayor rapidez. Además se busca reformar el financiamiento de las instituciones, incorporando criterios de desempeño para la asignación de recursos.

La iniciativa despertó críticas y fuertes rechazos de sectores educativos y gremiales. Organizaciones como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la CGT argumentan que la reforma podría implicar la derogación de la actual Ley de Educación Nacional, debilitar el sistema público y poner en riesgo la estabilidad de la carrera docente, además de cuestionar su enfoque y alcance sin amplio consenso social.