El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) oficializó una serie de cambios normativos que marcan una transformación significativa en el marco regulatorio de la producción y comercio de yerba mate en Argentina, con un impacto directo sobre el ciclo biológico y la dinámica del sector productivo.
Mediante la Resolución 146/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el organismo derogó y reformó diversas normas que durante décadas estructuraron la actividad yerbatera, incluidas disposiciones que regulaban aspectos del ciclo de cosecha y resguardos biológicos del cultivo. Entre las medidas eliminadas se encuentran normas que suspendían la cosecha y la “secanza” de yerba mate durante los meses de octubre y noviembre, período tradicionalmente reservado para la recuperación y desarrollo de la planta antes de la próxima temporada productiva.
Esta modificación se inscribe en un proceso iniciado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que redefinieron el rol del INYM en favor de una apertura del mercado hacia la libre competencia y menor intervención estatal. Las nuevas normas buscan limitar la capacidad del Instituto para fijar precios, establecer restricciones de plantación o intervenir directamente en la oferta y la demanda, relegando su función principal al control de calidad y trazabilidad del producto.
¿Qué significan los cambios para el sector?

Históricamente, las regulaciones sobre la cosecha y los períodos de descanso del cultivo estaban orientadas a proteger la salud de las plantas y garantizar la sustentabilidad del ciclo biológico de la yerba mate. La derogación de estas normas abre el camino a una mayor flexibilidad en las prácticas productivas, pero también genera incertidumbre entre productores que temen que la competencia sin límites pueda afectar la capacidad de sostener rendimientos sostenibles a largo plazo.
Desde el sector agroindustrial, algunos sectores celebran la medida como una oportunidad para impulsar inversiones y expansión productiva, mientras que productores más chicos y cooperativas advierten sobre posibles riesgos para la competitividad y la equidad del mercado, especialmente ante la ausencia de mecanismos regulatorios tradicionales.
En el contexto de estas transformaciones, el INYM aseguró que continuará su labor técnica y de supervisión, aunque con un enfoque más limitado y ajustado a los lineamientos nacionales sobre desregulación. El debate sobre los efectos de estas modificaciones continúa entre dirigentes del sector, economistas y representantes de las provincias productoras.
