Docentes de distintos sectores educativos de Misiones marcharon este jueves 18 de junio hasta la Cámara de Representantes de la provincia, donde entregaron un petitorio a diputados de diferentes bloques legislativos con una serie de reclamos vinculados a cuestiones salariales, laborales, gremiales y judiciales. Los manifestantes fueron recibidos en el ingreso al edificio legislativo y expusieron demandas que, según señalaron, afectan tanto a trabajadores activos como jubilados de la educación.
Entre los principales reclamos figuró el pedido de una urgente recomposición salarial y la continuidad de una mesa de negociación que permita recuperar el poder adquisitivo de los docentes. También solicitaron salarios dignos para trabajadores en actividad y jubilados, además de una inmediata movilidad jubilatoria.
En materia laboral, exigieron mejoras en la infraestructura escolar, la designación de personal de servicio acorde a la matrícula de cada establecimiento y el pase a planta permanente de cocineras y personal de servicios. Asimismo, reclamaron la provisión de ropa y calzado de trabajo y un aumento de las partidas destinadas a los comedores escolares.
El petitorio incluyó además cuestionamientos al funcionamiento del Sistema Único de Novedades y Asistencia (SUNA), cuyo uso como herramienta laboral fue rechazado por los manifestantes. También solicitaron que se investiguen y sancionen presuntos hechos de corrupción denunciados en el ámbito educativo.
Otro de los ejes de la movilización estuvo relacionado con la situación judicial y gremial de distintos referentes docentes. Los participantes expresaron su rechazo a la judicialización y criminalización de la protesta social y pidieron el cese de actuaciones contra dirigentes sindicales. En ese marco, solicitaron la desvinculación de Juan Carlos Soto de una causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción N.º 6, al sostener que los hechos que se le atribuyen “nunca sucedieron”.
Además, repudiaron la condena contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes de la lucha docente en la provincia, y cuestionaron el incumplimiento del acta acuerdo firmada el 7 de junio de 2024 entre el Gobierno provincial y las organizaciones involucradas en el conflicto educativo.
Finalmente, rechazaron cualquier iniciativa que considere a la educación como servicio esencial si ello implica restringir el derecho a huelga y reclamaron el cese de sumarios y medidas disciplinarias contra docentes que participan de acciones gremiales y de protesta.
