En Garuhapemi, a pocos minutos de la localidad de Garuhapé, un nuevo radar de control de velocidad reabrió el debate sobre la seguridad vial y la coherencia en la señalización. En ese tramo (donde hay una pendiente muy pronunciada) se colocó un radar cuya velocidad máxima permitida es de 60 km/h, pero apenas unos 40 metros antes; hay un cartel que indica una velocidad máxima de 80 km/h., la aplicación «RadarBot», utilizada por automovilistas para identificar puntos de control, confirma que al momento de pasar por ese radar el límite es efectivamente de 60 km/h según pudo confirmar Portal Misiones. A esto se suma que numerosos lectores y oyentes contaron que recibieron multas por pasar a 70 km . La contradicción entre ambos indicadores volvió a poner en discusión si estos dispositivos están orientados a la prevención o a generar confusión y posteriores multas.
En diálogo con Portal Misiones, el abogado especialista en seguridad vial Luis Di Falco señaló que “los radares tienen que ver con convenios municipales, con empresas privadas, no con la Policía”, lo que, según explicó, dificulta establecer criterios homogéneos de instalación y funcionamiento. Detalló que existen radares fijos y móviles, y estos últimos “se ponen en curvas o lugares sospechosos”, donde, en su opinión, “lo que hacen es pescar a imprevistos”. Agregó que este esquema genera una recaudación significativa: “Con esto recaudan mucho dinero”. Según se estima, este sistema de radares recauda hasta 10 mil millones de pesos anuales.
Di Falco remarcó que el propósito original de los sistemas (la disminución de siniestros) no se está cumpliendo. “El objetivo de los radares es prevenir que ocurran más accidentes; no sirve, hay más de 300 muertes en este año por siniestros viales”, cuestionó. Para el especialista, el problema estructural es mucho más profundo: “Tenemos un problema grave que no se resuelve con radares”.
En su diagnóstico, la conducta al volante está atravesada por la falta de controles y presencia real del Estado. “Mucha gente maneja mal, eso es una realidad; pero cuando visitan otros países conducen mejor, porque saben que las multas cuestan, el Estado está presente”, señaló. Y advirtió: “Si nosotros dependemos de empresas privadas, vamos a seguir teniendo problemas”.
El abogado apuntó también a un marco normativo obsoleto y a la ausencia de espacios de formación: “Nuestra ley de tránsito tiene 30 años, faltan modificaciones y prácticas a realizar”. Sobre la falta de control, ejemplificó: “Acá las personas salen de 140 a Posadas y llegan a 140 a Iguazú porque no tienen ningún tipo de consecuencia”. Mencionó incluso tragedias como la del Yazá: “Así pasan estas desgracias, por ejemplo”.
Además, criticó el enfoque estatal basado en responsabilizar únicamente al conductor. “Si el Estado dice que fue culpa del conductor: fracasó la prevención, la educación, las medidas, fracasaron los controles”. Y agregó: “Encima dicen que el 90% de los accidentes es culpa de la gente y no es así. Si el Estado se encargara de verdad, no habría tantos muertos”.
Para Di Falco, el problema central “no es de plata, es de actitud”. Señaló la falta de capacitación sistemática como un factor clave: “El 95 o 98% del territorio provincial no tiene autoescuelas ni espacios habilitados para capacitarse. Entonces no todo es culpa de la gente”. También insistió en la necesidad de un cambio cultural: “¿Por qué la gente va en regla? Porque la controlás”.
Finalmente, llamó a la responsabilidad social frente a irregularidades: “Tenemos una cuestión cultural muy preocupante. La salida es el compromiso de cambiar. Si está mal lo de los radares, bueno muchachos, está mal. Hay que hacer lo que uno tenga que hacer y denunciar”.
