La Federación de Cooperativas Agrícolas de la provincia de Misiones (Fedecoop) advirtió este lunes que la actividad yerbatera atraviesa una profunda crisis económica y social que pone en riesgo la sustentabilidad de miles de familias vinculadas a la producción de hoja verde en la tierra colorada. Ante esta situación, el sector reclama instrumentos regulatorios que aseguren precios justos para los productores y condiciones razonables para los consumidores.

Durante un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, el presidente de Fedecoop, Gustavo Hein, planteó que la desregulación del mercado —producto de cambios en las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)— ha generado precios deprimidos que no cubren los costos de producción, afectando especialmente a pequeños y medianos productores.

Las cooperativas yerbateras señalaron que la situación actual se traduce en precios de la materia prima insuficientes para cubrir siquiera la mitad de los costos de producción, lo que ha derivado en dificultades financieras, abandono de plantaciones y riesgo de interrupción de la cosecha en varias zonas productivas.

El diálogo con las autoridades nacionales, según indicaron desde Fedecoop, busca crear una mesa de trabajo y estudiar medidas concretas que contemplen la especificidad del mercado yerbatero, un sector en el que confluyen cerca de 12.000 productores y 18.000 trabajadores rurales en forma directa, además de un efecto multiplicador sobre el comercio y la industria regional.

En este marco, las cooperativas reclamaron la recuperación de facultades regulatorias del INYM para fijar precios de referencia, argumento central ante la pérdida de instrumentos que, según los dirigentes, garantizaban cierto equilibrio en la cadena de valor. Este pedido se suma a un contexto de protestas y medidas de rechazo a la liberación de precios, que productores y asociaciones vienen expresando desde hace meses.

La situación yerbatera, considerada emblemática para la economía regional de Misiones, genera preocupación no solo por sus implicancias económicas, sino también por su impacto social, ya que sectores rurales y comunidades vinculadas a la producción enfrentan una creciente incertidumbre sobre el futuro de su principal actividad productiva.