Las auditorías de pensiones no contributivas por discapacidad realizadas en Misiones quedaron en el centro de la polémica por graves irregularidades que afectan a miles de beneficiarios. El Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), junto a municipios y referentes locales, denunció fallas en la organización, arbitrariedades en los procedimientos y la utilización de documentos sin validez legal.

Entre las irregularidades más graves se encuentran la entrega de constancias que no tienen validez como certificados médicos, muchas de ellas rechazadas por ANSES, además del uso de sellos y firmas falsificadas. Incluso un médico auditor presentó una denuncia penal tras descubrir la suplantación de su firma.

A esto se suman las críticas por las condiciones en que se realizaron las auditorías: en espacios improvisados como salones, restaurantes abandonados o al aire libre, sin garantizar accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. En varios casos, los operativos fueron atendidos por personas sin formación médica, lo que generó mayor malestar entre los beneficiarios.

En localidades como 25 de Mayo, las citaciones llegaron con direcciones erróneas y provocaron caos, largas filas, desmayos y la entrega de certificados luego rechazados por ANSES por contener firmas fotocopiadas. El operativo fue calificado por autoridades locales como un “desastre” y una “situación límite”.

En San Ignacio, en tanto, los beneficiarios denunciaron que no había sillas, agua ni médicos presentes. Muchos se enteraron de la baja de su pensión recién al ir a cobrar y encontrarse sin los fondos, sin notificación previa.

Ante este escenario, el CoProDis y el Gobierno de Misiones presentaron un recurso de amparo federal para frenar las bajas y exigir un procedimiento justo y transparente. Según informó la titular del organismo, Tatiana Antúnez, más de 270 personas ya se sumaron a esta acción colectiva, mientras crece la presión social y judicial para que se garanticen los derechos de los beneficiarios.