El Senado de la Nación Argentina aprobó hoy la polémica reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una sesión que se extendió por más de 14 horas y terminó en la madrugada del jueves. El proyecto obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra, y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento final. El oficialismo celebró este triunfo como un paso central en su agenda de “modernización” laboral, mientras que la oposición advirtió sobre la pérdida de derechos históricos para trabajadores y trabajadoras.
Los senadores por la provincia de Misiones jugaron un rol significativo dentro de los bloques provinciales que apoyaron el proyecto oficialista. Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut, ambos del Frente Renovador de la Concordia Social, votaron a favor de la reforma, sumándose así al bloque de aliados que permitió alcanzar la media sanción. El tercer representante misionero en la Cámara alta es Enrique Martín Goerling Lara (PRO), quien también respaldó el proyecto con su voto afirmativo, consolidando el apoyo de los tres parlamentarios misioneros al texto.
La aprobación se produjo en un contexto de amplia movilización social en rechazo a la reforma, con sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos opositores realizando marchas y protestas en las inmediaciones del Congreso y en diversas ciudades del país. Las manifestaciones, que inicialmente fueron convocadas como actos pacíficos de rechazo a los cambios en el régimen laboral, derivaron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. Según distintos informes, hubo más de 300 heridos, 31 detenidos y cerca de 70 personas demoradas en el operativo de custodia de la sesión legislativa, en lo que críticos calificaron como una represión para “blindar” la aprobación de la reforma.
La reforma laboral introduce cambios profundos en la legislación que rige las relaciones de trabajo en Argentina, con el gobierno defendiendo la iniciativa como una “modernización necesaria” del marco legal vigente desde 1974. Entre los principales puntos que se aprobaron están la flexibilización de jornadas laborales, con la posibilidad de extender jornadas hasta 12 horas por día, la reducción de ciertas indemnizaciones por despido y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes empresariales que reemplazaría parte de los mecanismos tradicionales de compensación. También se contempla una relativización del derecho de huelga en sectores considerados esenciales y se prioriza la negociación individual sobre la colectiva, lo que, según el oficialismo, ampliará la formalización del empleo y atraerá inversión.
