La investigación por una presunta red de coimas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, avanza bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo de la jueza María Verónica Skanata. En las últimas horas, fuentes judiciales y de fuerzas de seguridad aclararon aspectos clave del expediente y desmintieron especulaciones en torno al rol de los llamados “paseros”.
Según precisaron, cerca del 80% de los civiles paraguayos mencionados en la causa no introduce mercaderías de forma ilegal, sino que desarrolla actividades dentro del régimen establecido por ARCA-Aduana. De los 25 ciudadanos investigados, unos 20 se dedican principalmente a la compra y traslado de frutas y verduras, operando en horarios de madrugada y primeras horas del día, abasteciéndose en el Mercado Central de Posadas.
Las mismas fuentes indicaron que estos trabajadores informales adquieren productos como papas y cebollas en la zona de Villa Lanús para su posterior reventa en verdulerías de Encarnación y localidades cercanas. Además, remarcaron que cumplen con los cupos e importes permitidos, presentan facturas de compra y no están vinculados al contrabando de productos como electrónica, neumáticos o cigarrillos.
En ese marco, cinco de los ciudadanos paraguayos fueron notificados de la investigación la semana pasada al intentar ingresar a Posadas, cuando sus datos fueron detectados en los sistemas de alerta. A todos se les secuestraron los teléfonos celulares, pero recuperaron la libertad, quedando supeditados a la causa judicial.
Otro punto señalado por los investigadores es que, debido a los horarios en que se desarrolla esta actividad comercial (principalmente durante la madrugada), no existirían indicios firmes sobre supuestos adelantamientos indebidos en las filas del puente, ya que en esas franjas horarias el tránsito es escaso.
Por otro lado, la causa también involucra a 46 funcionarios públicos: 24 gendarmes y 22 agentes aduaneros. Durante una serie de allanamientos realizados en Posadas, se secuestraron 62 teléfonos celulares, aproximadamente 57 millones de pesos, 37 mil dólares, 6 mil reales y un millón de guaraníes, además de otros elementos de interés para la investigación.
Entre los efectivos de Gendarmería investigados hay doce sargentos, diez cabos y dos alférez, sin cargos jerárquicos relevantes. En tanto, entre los aduaneros implicados se encuentran seis mujeres. Todos fueron alcanzados por medidas judiciales que incluyeron el secuestro de dispositivos electrónicos y la revisión de sus vehículos.
La investigación continúa en curso y busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, mientras se intenta esclarecer si existió un esquema organizado de cobro de coimas en uno de los pasos fronterizos más transitados de la región.
