La reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico de dictar una medida cautelar sobre el predio del ex zoológico de Montecarlo (Zoo-Bal-Park) marcó un precedente inédito en Misiones. La resolución, considerada el primer amparo judicial en protección de animales registrado en la provincia, prohíbe la reapertura del establecimiento y restringe cualquier modificación sobre los ejemplares alojados allí mientras se analiza el fondo de la causa. En diálogo con Portal Misiones, la Dra. Micaela Pereira, integrante del equipo legal del Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana, explicó los fundamentos de la presentación judicial que impulsó la medida.

“Nosotros lo que hicimos es una vía rápida, a través del artículo 43 de la Constitución, para defender la integridad de los animales porque ellos no pueden esperar los tiempos de la Justicia”, sostuvo la abogada. Según explicó, el amparo fue presentado ante otro magistrado luego de que no prosperaran otras instancias, debido a la urgencia de la situación. Además, remarcó que la causa no se limita al debate sobre la reapertura del predio, sino que involucra presuntos delitos que están siendo investigados. “Primero que nada, hay delitos que se están realizando: maltrato, tráfico de fauna y contaminación de ríos. Por eso hay investigación judicial”, afirmó.

La resolución judicial ordenó al Ministerio de Ecología remitir toda la documentación vinculada al proceso de reconversión del predio y prohibió emitir habilitaciones para su reapertura, incluso bajo la denominación de “Parque Don Federico”. Para Pereira, el problema no se resuelve con un cambio de nombre o una remodelación superficial. “Hacerle un lavado de cara y cambiar el nombre para que la sociedad pueda ir no alcanza. Los animales no tienen veterinario, deben tener atención primaria y condiciones dignas”, señaló. También destacó que el bienestar animal requiere conocimientos técnicos específicos. “El bienestar no es solo el espacio; es también lo psíquico y lo alimenticio. Trabajar con animales no es una pavada. Debe haber un equipo de profesionales; no se puede recoger un animal lastimado y meterlo en una jaula”, sostuvo.

Desde Ohana aseguran haber ofrecido colaboración técnica para intervenir en el proceso de reorganización del lugar, propuesta que, según indicaron, no fue aceptada. “Nosotros ofrecimos en múltiples oportunidades los elementos técnicos para trabajar con los animales y que la Justicia nos acepte para colaborar en la reorganización del lugar”, expresó Pereira. Asimismo, buscó llevar tranquilidad a la comunidad local y aclaró que las acciones judiciales no están dirigidas contra la familia propietaria. “A la gente de Montecarlo, quédense tranquilos, no queremos dañar la integridad de la familia. Nosotros ofrecimos ayuda y ellos lo negaron”, manifestó.

Entre las disposiciones más relevantes del fallo, la Justicia ordenó que los propietarios del predio no puedan ingresar, retirar, trasladar ni modificar el plantel de animales existente mientras dure la medida cautelar. Consultada sobre este punto, Pereira aclaró que la acción judicial no busca perjudicar a la familia responsable del establecimiento, sino garantizar la protección de los ejemplares alojados en el lugar. “A la gente de Montecarlo, quédense tranquilos, no queremos dañar la integridad de la familia; nosotros ofrecimos ayuda y ellos lo negaron”, expresó. Sin embargo, cuestionó la idea de considerar a los animales como parte de un patrimonio familiar. “La familia habla de un legado familiar. Yo entiendo que cuando se fundó estaba bien visto tener zoológicos, pero el legado en estado civil son cosas, un auto o un terreno; los animales no son cosas”, sostuvo.